Trámites para regularizar las viviendas en el campo

El pleno da luz verde a las ordenanzas reguladoras para que los propietarios puedan obtener un certificado que les permitirá registrar sus inmuebles y optar a servicios básicos.

El Ayuntamiento de Coín ha dado hoy un paso fundamental para regularizar las viviendas en terrenos no urbanizables, tras la aprobación en el pleno de tres ordenanzas que darán cobertura a este tipo de edificaciones, tal y como marca el Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, que otorga a los ayuntamiento la potestad de levar a cabo estos trámites.

Antes de llevar a pleno estas ordenanzas, el área de Urbanismo del Ayuntamiento ha tenido que realizar un estudio detallado de todas las construcciones en suelo no urbanizable, para detectar si existen asentamientos o simplemente viviendas aisladas en el campo, como es el caso del término municipal de Coín, donde se han cuantificado más de 7.000 construcciones que podrían iniciar los trámites que marca el decreto. El documento elaborado por el departamento de Urbanismo ya ha sido remitido a la delegación de la Junta de Andalucía.

Ahora lo que se ha aprobado en la sesión ha sido, en primer lugar, la ordenanza que declara en situación asimilada a la legal de fuera de ordenación de usos, construcciones e instalaciones establecidas en suelo no urbanizable. Es decir, según ha aclarado el concejal del área, Francisco Santos, la ordenanza lo que regula es que las construcciones en el campo no se encuentran inmersas en ningún proceso sancionador, que no están en suelo de especial protecció0n o inundable, así como que tienen más de seis años de antigüedad, que es el tiempo establecido en el decreto de la Junta por el cual ha prescrito el supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La segunda de las ordenanzas que se ha aprobado es reguladora de las Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en Suelo no Urbanizable. Es decir para poder iniciar el proceso de regularización, el  propietario tendrá que aportar la documentación de identificación del inmueble afectado, la fecha de terminación de la edificación y la certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad, las cuales se encuentran en la ordenanza recién aprobada.

Con estas dos ordenanzas, los titulares de este tipo de construcciones en el campo, podrán solicitar en el ayuntamiento un certificado por el cual podrán iniciar diferentes trámites como registrar la propiedad de la vivienda y pedir los servicios y suministros básicos, como agua, luz, etc…

Este certificado, que emitirá el propio Ayuntamiento, tendrá un coste para el propietario del 5% con respecto al presupuesto de ejecución material de la construcción. Por tanto, también se ha aprobado en el pleno la ordenanza fiscal que regula la tasa a cobrar a estos titulares, ya que según marca el Decreto el coste del servicio tiene que costearlo el propietario de la vivienda y no la administración que lo emite.

Estas ordenanzas tendrán que ser publicadas en el BOP durante 30 días para presentar alegaciones y una vez que se resuelvan, en el caso de que existan, quedarán aprobadas definitivamente.

“Ante el problema social que creó la LOUA, que daba la espalda a la realidad de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable, el equipo de gobierno a través de la aplicación del Decreto 2/2012 ha querido dar solución a la falta de un marco jurídico para estas viviendas, así como regularizar el acceso a servicios básicos y a las obligaciones que competen a estos propietarios”, ha comentado el concejal de Urbanismo.

Las tres ordenanzas han sido aprobadas, las dos primeras por unanimidad del equipo de gobierno del PP y por el PSOE, mientras que en la tercera ordenanza (fiscal), el partido Socialista se ha abstenido, alegando que se podrían contemplar diferencias en el cobro de la tasa atendiendo a aquellos propietarios que pagaron sus licencias antes de la entrada en vigor de la LOUA. En este sentido, el concejal de Urbanismo ha aclarado que la tasa es por el coste del trabajo de regularización que tendrá que llevar a cabo la administración y no contempla este tipo de aspectos.

Por su parte, Izquierda Unida se ha ausentado durante el debate y votación de estos tres puntos del pleno, alegando que “son parte afectada en lo personal” y no pueden defender el asunto de manera objetiva.

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